La primera subasta del Fondo de Adquisición de Activos Financieros se saldó con un importe adjudicado de 2.115 millones de euros, el 42% de los 5.000 millones previstos.
El ministerio de Economía señaló que el importe total solicitado en las 70 ofertas presentadas alcanzó los 4.562 millones, aunque finalmente se adjudicó menos de la mitad en operciones con plazo de vencimiento a dos años.
Tampoco todas las entidades consiguieron que el Estado comprara sus activos: de las 28 entidades solicitantes, sólo 23 vieron como se aceptaba su oferta.
La Caixa admitió haber sido una de las que acudieron a la subasta al entender que "las condiciones de plazo y precio que oferta son muy atractivas en las actuales condiciones del mercado", aunque finalmente no resultó adjudicataria El ministerio de Economía y Hacienda informó que el tipo marginal de la subasta se situó en el 3,150% y resultaron adjudicatarias un total de 51 de las 70 ofertas presentadas.
La subasta se centró en la compra temporal de cédulas hipotecarias, bonos de titulizacion de activos y bonos de titulización hipotecaria respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras emitidos después del 1 de agosto del pasado año y cuya calificación crediticia es, al menos, de doble A o asimilada.
El nombre de las entidades que acudieron a la subasta no se hará público hasta la comparecencia del vicepresidente Solbes en el Congreso, pero algunas entidades ya se han adelantado. El miércoles, la Caja de Castilla la Mancha admitió que acudiría a la subasta, y este mismo jueves, La Caixa confirmó que había concurrido al considerar que sus condiciones resultaban "muy atractivas" dada la actual coyuntura, para "un normal desarrollo" de la financiación de la actividad crediticia y como "apoyo a la medida puesta en marcha por el Gobierno para impulsar la financiación a empresas y particulares" que calificaron como "útil". Fuentes de la entidad confirmaron que no resultaron adjudicatarios al haber ofrecido un tipo más bajo en la puja, entre otras cosas, porque la caja no tiene una necesidad imperiosa de liquidez, ya que cuentan con una posición holgada que alcanza los 26.491 millones en septiembre, el 10,1% de los activos totales, con un incremento en 2008 de 1.345 millones de euros, señalaron.
La próxima subasta se realizará el 11 de diciembre y, a los 5.000 millones de euros previstos, se sumará la cantidad no adjudicada en esta primera operación.Las adquisiciones de activos se realizarán mediante compras en firme de cédulas hipotecarias y bonos de titulización de activos respaldados por cédulas hipotecarias de nueva emisión y con calificación crediticia triple A o asimilada.
Criticas de la AEB
Poco antes de conocerse el resultado de la primera adjudicación, el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, aseguró que el fondo sustituye "de mala manera a los mercados".
Martín, que participó en una jornada organizada por la APIE, insisitió en que no se trata de una ayuda a los bancos y aseguró que si los mercados pudieran volver a funcionar sería mucho mejor tanto para las entidades, que no tendrían que desprenderse de activos, como para el Tesoro, que no se vería obligado a comprarlos.
Martín se mostró confiado en que las entidades harían uso del procedimiento "que les han indicado que tienen que utilizar", aunque negó presiones del Gobierno para que la banca acudiera a la subasta.
En su opinión, después de haber dejado los mercados "cerrados durante 18 meses", hay que sustituirlos "como sea" y aplicar "medicina de caballo" si es preciso, aunque insistió en que, si los mercados funcionaran, las entidades españolas podrían financiarse sin necesidad de acudir a las subastas."Es una mala solución para un problema que nos pone a todos al mismo nivel", afirmó. La víspera, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, volvió a defender que Fondo "no tendrá coste para el contribuyente" ya que el Gobierno calcula que, por los activos que adquiera, obtendrá una rentabilidad como mínimo igual a lo que le costará la emisión de deuda. Además, afirmó que "contempla un amplio abanico de medidas que garantizan su transparencia", como las comparecencias del secretario de Estado de Economía en el Congreso cada dos meses para dar cuenta de la evolución del fondo y la suya cada cuatrimestre.
No han cubierto el total porque la mayoria de entidades tienen activos con valoracion BB mientras que el gobierno exige que sean AA.Lo que demuestra que los datos que daban al Banco de España en sus balances del 30 de Junio pasado no eran demasiado correctos y han inducido a engaño al gobierno pensando que sus activos eran de mas solvencia.
A partir de 2010, la entidades financieras podrían estar obligadas a informar de aquellas operaciones en efectivo que superen los 3.000 euros. Así lo anunció el director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Luis Pedroche, en la presentación del nuevo plan contra el fraude fiscal.
Pedroche anunció también que Hacienda reforzará los mecanismos de control de las aduanas e investigará las licencias de importaciones, como medida adicional para luchar contra la economía sumergida.
La Agencia Tributaria está negociando con bancos y cajas de ahorros, Pedroche precisó que la cifra sobre la que las entidades financieras estarán obligadas a informar no es defnitiva, pero que se situará en torno a los 3.000 euros. En cuanto a los plazos en los que las entidades financieras tendrán que informar sobre estas operaciones en efectivo, Pedroche explicó que todavía no está definido pero que seguramente deberán hacerlo anualmente.
Esta nueva obligación de suministro de información por parte de bancos y cajas forma parte del nuevo plan contra el fraude fiscal, diseñado por Hacienda y que supone una actualización del plan anterior. Hasta ahora, las entidades financieras tienen la obligación de informar a Hacienda de aquellas operaciones efectuadas con cheques por importes superiores 3.000 euros, así como de aquellas operaciones en efectivo que sobrepasen los 100.000 euros
Según Ocaña, se trata de un plan "bueno" desde el punto de vista de la Administración Tributaria, que beneficia tanto al contribuyente como al conjunto de la actividad económica. Además, explicó que la actuación se someterña a información pública con el fin de recibir sugerencias de los distintos sectores sociales afectados por el mismo.
Esta medida, aún en negociación, implicará la revisión y modificación del reglamento de la aplicación de tributos, uno de los cuatro reglamentos que desarrollan la Ley Tributaria. Según precisó Pedroche, la medida se aprobará a lo largo de 2009 y se aplicará en las operaciones que se realicen a partir de 2010.
Relación con los grandes contribuyentes
Para mejorar el cumplimiento voluntario de esta medida, Hacienda creará un nuevo marco de relación con los grandes contribuyentes, que suponen el 40% del total y realizan las operaciones más complejas. Con ello, Hacienda pretende construir un nuevo enfoque de relación, establecer un marco de confianza y transparencia y mejorar el conocimiento de los riesgos fiscales reales previniendo la planificación fiscal abusiva.
Además, la Agencia Tributaria, agilizará la resolución de incumplimientos tributarios involuntarios de menor entidad, resolviendo las incidencias menores que retrasan las devoluciones del IRPF y creando un nuevo sistema de relación con los clientes que permita comunicar rápidamente las incidencias, ofrecer la posibilidad de aceptar las modificaciones y devolver las cantidades resultantes sin consecuencias sancionadoras.
Con el objetivo de intensificar estas actuaciones de control, la Agencia actuará desde el nuevo plan con medidas de control de la economía sumergida, orientada a tres frentes: signos externos, comercio exterior y uso de efectivos.
Contra la economía sumergida
Ante la importancia del comercio exterior como una importante entrada para la economía sumergida en España, Hacienda también reforzará los mecanismos de control de las aduanas e investigará las licencias de importaciones. Al mismo tiempo, intensificará el control sobre actividades en almacenes mayoristas y fomentará acuerdos de entendimiento entre países.
Por otro lado, la AEAT intensificará las medidas de carácter sectorias en el régimen de módulos y en las tramas de IVA, al tiempo que comprobará la información económica del sector inmobiliario, la actividad promotora y las transmisiones de inmuebles, con la colaboración de numerosas instituciones.
Asimismo, para asegurar la recuperación de la deuda pendiente con una gestión diferenciada de deudores, aumentará la prevención y correción del fraude en la fase recaudatoria, anticipando el análisis del riesgo patrimonial y reforzando la investigación de los fraudes cualificados. Entre las medidas anunciada para fortalecer la colaboración nacional e internacional, la AEAT crearña también un observatorio del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social
En cuanto a la valoración del plan contra el fraude fiscal 2005-2008, Pedroche aseguró que, en estos cuatro ejercicios se han ingresado unos 27.000 millones de euros por actuaciones relacionadas con el control del fraude. Además, sólo en 2008 se prevé que se ingresen alrededor de 8.000 millones, el doble de lo que se ingresó en 2004. En conreto, el secretario de Estado de Hacienda aseguró que por cada euro dedicado a recursos para la prevención del fraude, la Agencia Tributaria ingresa doce.
Valoración del Ministerio de Hacienda
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) valoraron el anuncio de la Agencia Tributaria de incluir en la nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal la obligación de bancos y cajas a informar, a partir de 2010, de aquellas operaciones en efectivo que superen los 3.000 euros.
En una nota, Gestha recuerda que esa medida está en línea con la propuesta que ellos vienen haciendo desde 2004, cuando pidieron la elaboración de un censo de todas aquellas personas físicas o jurídicas que reciban o entreguen billetes de 500 euros.
Para Gestha, la iniciativa de la Agencia Tributaria permitirá un control "más eficaz" de las personas o entidades que demanden billetes grandes para operaciones de más de 3.000 euros.
No obstante, los Técnicos lamentan que no se ponga en marcha antes 2010 y que no afecte a las operaciones fraudulentas que se hayan llevado a cabo en los últimos cuatro años.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, esta demora es un "síntoma más de la lentitud de la Agencia Tributaria para atajar la economía sumergida, que podría reducirse con la habilitación de los más de 8.000 Técnicos Financieros para que puedan asumir las responsabilidades y competencias previstas para la prevención del fraude fiscal".