A pesar de algún llamamiento, grandilocuente, a la refundación del capitalismo, no cabía esperar que la cumbre contra la crisis económica produjese resultados espectaculares. Los líderes de los países presentes estuvieron de acuerdo en algunos principios generales, pero dejaron de lado las medidas concretas.
LOS jefes de Estado y de Gobierno reunidos ayer en Washington coincidieron en la necesidad de establecer una nueva regulación del sistema financiero que suponga mejor supervisión y más transparencia, para evitar los excesos que han producido la crisis actual. Sin embargo, como era de esperar, no se pusieron de acuerdo en las medidas y mecanismos reguladores concretos y decidieron dejar al arbitrio de cada país la puesta en práctica de las reformas. Los diferentes intereses y perspectivas de los participantes no permitían seguramente ir más allá; pero, al menos, se estableció un plazo para que los países informen de los pasos que hayan adoptado y, al anunciarse una nueva cumbre para la primavera de 2009, se abre de hecho un proceso en el que los cambios podrían ir acotándose y profundizándose. No hubo acuerdo tampoco para -como pidió Rodríguez Zapatero- establecer un plan concertado de estímulo fiscal a la economía mundial, misión que se dejó, una vez más, a las decisiones particulares de cada país. Pero la cumbre de Washington constituye por sí misma una saludable reacción. La crisis ha obligado a la comunidad internacional a reconocer la necesidad de nuevos y mejores cauces de cooperación. La globalización de la economía debe llevar aparejada la reforma y refuerzo de los mecanismos de gobernanza global -como también se reconoció en Washington- y la reunión del G-20 supone, al menos, un primer paso en esa dirección, en el que, además, han tomado parte tanto los países más desarrollados como las principales potencias emergentes, escenificando el nacimiento de un nuevo diálogo que tendrá necesariamente que fundamentarse en una mayor equidad en las relaciones internacionales.
PARA ESPAÑA, UN LOGRO Y UN COMIENZO
Para España, estar presente en Washington era una necesidad. Hubiera sido frustrante y difícil de entender la exclusión de un país que, además de ser uno de los mayores de Europa, de constituir la referencia histórica y cultural del mundo hispano y de contarse entre las principales potencias industriales, ha realizado en los últimos decenios un notable avance por el camino del progreso económico y político y una franca apertura al exterior, que han servido de ejemplo. La participación en la cumbre, aunque improvisada y por una vía poco convencional, supone por tanto un logro indudable y hay que reconocer al Gobierno de Rodríguez Zapatero los esfuerzos que, durante las últimas semanas, ha realizado para alcanzarlo. Pero no hay que detenerse en la satisfacción de haberlo conseguido. Por el contrario, tanto el Gobierno como la oposición deberían sacar las lecciones correspondientes y disponerse a abrir una nueva etapa de la política exterior española que deje atrás los errores cometidos tanto en la época de Aznar como en la de Zapatero. España debe aspirar a más en el concierto internacional -entre otras cosas, a una silla permanente en el club de los países más desarrollados- y para ello necesita imperiosamente definir unos objetivos de Estado que sean respaldados por los dos principales partidos y por la mayoría de la sociedad. Esa es la tarea urgente para el futuro inmediato.
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