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El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, ha apuntado la participación de la Diócesis de Barbastro en el patronato del Museo de Lérida para solucionar el tema de las obras de arte religioso que reclama el obispado oscense y que se encuentran en el centro ilerdense. En una comparecencia parlamentaria, Tresserras ha sido preguntado por el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida y el litigio que mantiene sobre un centenar de piezas con la Diócesis de Barbastro.
Ha indicado que "la unidad de la colección está razonablemente protegida a partir de los acuerdos de decisión del gobierno catalán y los acuerdos parlamentarios". Ha asegurado que "esta colección fue constituida a partir de procedimientos legítimos y siguiendo instrucciones del Vaticano".
En el caso de que el Tribunal Eclesiástico de la Rota fallara en contra de los intereses del Museo de Lérida, la Generalitat, ha subrayado Tresserras, no descarta optar por la vía civil, aunque, ha remarcado, "siempre intentaremos antes la vía política". "Debemos alcanzar un acuerdo con el gobierno de Aragón, porque el patrimonio debe ser instrumento para construir la cooperación entre comunidades, y ser capaces de sentar a los dos obispos", ha dicho el conseller.
Posibles soluciones
Tresserras ha esbozado algunas de las soluciones posibles a este litigio, como "la participación de la Diócesis de Barbastro en el patronato del Museo de Lérida, unas relaciones más directas entre los obispados, que el museo leridano tenga más de una sede o la organización de exposiciones itinerantes".
En el mismo acto, Tresserras ha dejado claro que "el patronato del Archivo de la Corona de Aragón -constituido en Barcelona hace un año- se encuentra en situación de bloqueo, pues todavía no se ha dilucidado la titularidad de los fondos del archivo, que era la condición previa que el gobierno catalán exigía para participar en las reuniones del patronato".
En las reuniones del grupo de expertos mantenidas hasta ahora, la última en abril de 2007, se ha constatado, en palabras de Tresserras, "un cierto colapso y desacuerdo entre los expertos archiveros sobre de quién es la titularidad de las diferentes partes documentales del archivo".
El conseller ha aseverado que "mientras no quede claramente dilucidado qué fondos son propios de la Generalitat y cuáles los comunes a la Corona de Aragón, no participaremos en el patronato".
Catorce meses después, todavía no se ha concluidoel informe jurídico que el Gobierno de Aragón dijo, en noviembre del 2006, haber encargado para fundamentar su actuación en el litigio de las piezas del monasterio de Sijena depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Así se desprende, al menos, de las respuestas ofrecidas por el departamento de Cultura a las preguntas parlamentarias formuladas al respecto por el grupo de Chunta Aragonesista.
En junio del 2006, la diputada de CHA Nieves Ibeas interpeló a la consejera Eva Almunia por las actuaciones de su departamento encaminadas a recuperar para Aragón elementos patrimoniales actualmente ubicados en otras Comunidades Autónomas. En aquella ocasión, Almunia señaló, respecto a las obras de arte de Sijena depositadas en el MNAC (que no forman parte del grupo que en su día fueron vendidas a la Generalitat sobre el que la DGA ha reclamado judicialmente su derecho de retracto), que el Gobierno aragonés estaba en contacto con un representante de las dos hermanas de la orden de San Juan de Jerusalén que fueron las responsables de dicho depósito. Es a esas monjas, de avanzada edad, a quien corresponde legalmente como propietarias solicitar la devolución de esos bienes.
A raíz de esa respuesta, el grupo de Chunta preguntó por escrito al departamento de Cultura, en octubre del 2006, por los nombres de esas hermanas de San Juan de Jerusalén y su representante, el número de reuniones mantenidas con ellos, los representantes de la DGA en esos encuentros, los resultados obtenidos y las medidas que se pensaban adoptar en el caso de que las dos monjas falleciesen sin haber solicitado el levantamiento del depósito.
La Consejería no consideró oportuno facilitar los nombres de las religiosas ni el de su representante porque los contactos mantenidos con ellas eran "de carácter interno y no político" y las conversaciones con su delegado habían tenido "carácter privado", por lo que no había sido "necesaria la acreditación". De los encuentros, a los que acudieron "técnicos del departamento de Educación", tampoco se dio mayor explicación, ya que carecían de "relevancia política" y, por lo tanto, no se produjeron "conclusiones formales".
Respecto a la cuestión de las medidas que se estudiaban entonces para analizar los pasos que podía dar la Administración autonómica en el futuro, la respuesta de la consejería afirmaba que se había "solicitado un informe jurídico al respecto".
A partir de esa fecha, el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista ha emplazado hasta en tres ocasiones al departamento de Cultura a informar sobre ese informe jurídico. En los primeros meses del 2007 se hizo mediante preguntas orales a Eva Almunia en el pleno de las Cortes y con la solicitud formal de una copia del estudio.
En el debate parlamentario, Almunia se limitó a reiterar que se había solicitado un informe para disipar las dudas legales en el caso de que las dos monjas falleciesen. "Todos esos elementos se han estado estudiando y se han estado valorando", señaló la consejera de Cultura. En el caso de la solicitud de copia del documento, el departamento contestó en febrero del año pasado que su redacción no había finalizado todavía, por lo que no lo tenía a su disposición.
Por último, CHA reiteró por escrito la solicitud de la copia el pasado mes de noviembre y Cultura replicó, el 27 de diciembre, que continuaba "a la espera de la recepción del citado informe jurídico". Además, agregó el compromiso de comunicar "oportunamente" al grupo parlamentario "las novedades que se produzcan", sin que hasta la fecha haya habido más comunicación.
Para Nieves Ibeas, "el informe es una excusa de la DGA para ganar tiempo y no tener que tomar ninguna decisión". "Ni siquiera hay constatación de que se haya encargado y a quién", agregó. Para la presidenta de CHA "está claro que el Gobierno de Iglesias, sobrepasado con el caso de los bienes depositados en Lérida, no quiere meterse en ningún berenjenal más; pero es inadmisible, porque hace dejación de sus responsabilidades".
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